Con motivo de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, han proliferado los foros en los que, especialistas en diversas áreas del derecho, analizan el impacto que la crisis económica global derivada de la pandemia, así como, los efectos jurídicos que tendrán en las empresas las acciones implementadas por el Ejecutivo Federal, de manera particular la suspensión de actividades “no esenciales”, y vaticinan que, ante la magnitud de la crisis financiera, de no implementar el Estado medidas efectivas de apoyo al sector empresarial, un importante número de empresas quebrará, por lo que prevén se incremente el trámite de los Concursos Mercantiles.

Sin embargo, en la práctica, por lo menos en México, en los años en los que se presentaron crisis económicas, independientemente de los factores que las generaron, no se registró un aumento significativo en el trámite de procedimientos de concurso mercantil.

Lo anterior, se atribuye, entre otras causas, a la resistencia cultural del empresario a ser identificado como quebrado, al desconocimiento por parte de sus asesores del objeto de la Ley de Concursos Mercantiles y de los beneficios que dicho procedimiento concursal representa, tanto para el deudor que actúa de buena fe, como para sus acreedores.

Es común, que los empresarios que se enfrentan a una situación financiera grave, antes de pensar en el Concurso Mercantil, opten por la refinanciación de algunas deudas, la reducción de su plantilla laboral, la desinversión de bienes, incurrir en incumplimiento con proveedores sustituibles e incluso cerrar su empresa, como una respuesta inmediata a los efectos del endeudamiento por falta de liquidez, aunque a mediano plazo, dichas medidas terminen por agravar su estado de insolvencia.

El empresario, debe analizar con cautela el impacto que la emergencia sanitaria tendrá en su modelo de negocio, durante la suspensión de actividades y por el plazo que tarde en recuperarse la caída en el consumo, antes de negociar el refinanciamiento de su deuda o adoptar cualquier medida que comprometa la viabilidad de su empresa.

A pesar del estigma que aún existe, en el sentido de que la ley concursal sólo sirve para liquidar empresas en quiebra y pretextar el incumplimiento de obligaciones, actualmente el procedimiento de concurso mercantil ha sido reconocido, en el ámbito empresarial, como el instrumento jurídico idóneo para lograr la conservación de las empresas y asegurar a los acreedores las mejores condiciones de pago, a través de la celebración de un convenio de reestructura.

Cuando el comerciante actúa de buena fe, al gestionar un proceso de negociación transparente y equitativo, sensibiliza a sus acreedores a contribuir a la reestructuración financiera de su empresa y facilita las condiciones para reprogramar el pago, negociar monto y condiciones de los créditos a su cargo, convencidos de que, aunque deben asumir costos, con la conservación de una empresa obtendrán más, en comparación con la expectativa que representa la liquidación y distribución de sus activos entre los acreedores.

En conclusión, el concurso mercantil es el vehículo jurídico idóneo para dar cauce a empresas en crisis mediante su reestructuración financiera, cuya eficiencia, para resolver problemas económicos, radica en que, el empresario actúe de buena fe y de manera oportuna, para que su negocio no pierda viabilidad, así como, en la convicción tanto del comerciante, como de sus trabajadores, acreedores y autoridades involucradas, del valor social que representa mantener una empresa en operación.